El Gobierno de España está ultimando un nuevo decreto reglamentario que establecerá condiciones mínimas en el sistema de acogida de personas menores a nivel nacional. Esta normativa tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio, garantizar la seguridad de los menores y proteger los derechos de los profesionales sociales y educativos que trabajan en este ámbito.

En nuestro país, alrededor de 50.000 niñas, niños y adolescentes que están bajo el sistema de acogida. De ellos, 26.000 se encuentran en régimen de acogimiento familiar, mientras que 23.000 residen en centros gestionados por las comunidades autónomas. Con el nuevo decreto, el Gobierno espera reforzar la protección infantil y asegurar que todos los niños y niñas reciban una atención equitativa y de calidad, sin distinción entre menores extranjeros y nacionales.

La entrada en vigor de este reglamento está prevista para el próximo mes o mes y medio. Desde el Ejecutivo se asegura que la implementación de estas medidas no requerirá una inversión significativa, dado que las comunidades autónomas cuentan con los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Entre los objetivos principales del decreto destacan:

1. Ratios de trabajadores y menores: Se establecerá un número mínimo de profesionales por centro para garantizar una atención adecuada y personalizada.
2. Sistema de inspección obligatorio: Las comunidades autónomas deberán realizar controles regulares sobre las condiciones de los centros y reportar sus hallazgos al Gobierno.
3. Régimen sancionador: Se aplicarán sanciones a aquellos centros que incumplan las condiciones establecidas en la normativa.
4. Transición al acogimiento familiar: Se fomentará un modelo que priorice el acogimiento en entornos familiares y se reducirá el uso de macrocentros.

Un aspecto fundamental del nuevo decreto es la transición hacia un sistema más familiar y cercano. Se promoverá el acogimiento en pequeños equipamientos o dentro del entorno familiar, limitando la creación de grandes centros de menores. Además, se definirá una ratio de trabajadores por menor que garantice la calidad en la atención, un factor crucial para el bienestar de los más pequeños.